mayo 21, 2024 1:37 am

Conflictos con el derecho, no con los indígenas

Se supone que un gobierno democrático, elegido para lograr el bien común, debería tender a bajar la temperatura de las controversias en el país. Pero parece que en la actual administración federal no hay conciencia clara de esa enorme responsabilidad pacificadora y en más de una ocasión la tendencia es echar leña al fuego. Un buen ejemplo es el conflicto mapuche que el territorio patagónico conoce y padece desde hace más de un siglo, y que para asombro de no pocos viene siendo fogoneado desde las entrañas mismas del Gobierno nacional.

Por ese motivo, una reciente resolución de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo es una dosis de sentido común en el ancho territorio de la sinrazón, dado que se fundamenta en el legítimo derecho a la propiedad privada, amenazado por desvaríos plenos de irresponsabilidad.

El caso remite a la posesión de una propiedad en el área de Buenuleo, en Bariloche, que fue vendida por sus propietarios originales hace 20 años y luego usurpada por quienes se declaran pobladores originarios. En la evolución del diferendo largamente judicializado, puede apreciarse lo que hacen quienes no están realizando lo que deben, dado que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), que lidera Magdalena Odarda, había resuelto entregar la posesión de la tierra en disputa a quienes la ocupaban de forma ilegal, desconociendo los títulos acreditados de sus propietarios.

Dos cuestiones saltan a la vista, como lo son que el Inai resuelva contrario a derecho, erigiéndose en árbitro de una cuestión judicial en la que no tiene injerencia ni autoridad alguna, pero –para peor– atribuyéndose la autoridad para adjudicar tierras, un despropósito que revela una peligrosa estructura de pensamiento por parte de quienes administran dicho organismo.

Al mismo tiempo, el organismo viene desde hace años faltando a sus deberes, en cuanto no ha podido en 25 años completar el censo de los pobladores originarios, dado que en ese lapso sólo pudo registrar a unos 700 grupos sobre un total de más de 1.700. O sea que el Inai requeriría de unos 40 años más para completar un trabajo que a su final estaría desactualizado.

El saldo de la aventura fogoneada por algunas usinas políticas no sería muy diferente del que puede apreciarse en la Araucanía chilena, donde las malas políticas han potenciado el problema, que hoy se manifiesta con llamados a la lucha armada. Entre nosotros, la ceguera cómplice de no pocos funcionarios disimula el problema concreto, cual es el de la amenazada integridad territorial.

Lo que urge es un retorno a la razón: que los funcionarios definan de qué lado del mostrador se posicionan, que los jueces hagan su trabajo y que los políticos se responsabilicen.

Los pueblos originarios, que mayoritariamente se ajustan a derecho, serían los primeros en agradecerlo. Pero para ello se debería tomar conciencia de que ningún gobierno está obligado a coexistir con quienes han puesto todo su empeño en destruir las instituciones desde adentro mismo de la nación.

La Voz

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