abril 19, 2024 9:09 am

La Municipalidad de Córdoba prepara una ordenanza específica sobre economía circular

La economía circular es una de las “marcas” que el intendente Martín Llaryora quiere imprimirle a su administración. En estos dos años, Córdoba fue sede de la Cumbre Mundial en esta materia y desde el municipio impulsaron diferentes acciones para incentivar desarrollos y emprendimientos de triple impacto, como la creación de un cluster específico.

Ahora Llaryora apunta a darle un nuevo marco jurídico a este concepto que atravesará a todo el sistema de contrataciones y modificará el esquema de grandes generadores que rige hasta ahora.

En el Palacio 6 de Julio ya están delineados los trazos gruesos de una nueva ordenanza de residuos sólidos urbanos (RSU). El objetivo es alinear la gestión de residuos con el concepto de la economía circular.

El proyecto sería uno de los primeros en llegar al Concejo Deliberante el próximo año, según señalaron fuentes del Palacio 6 de Julio. Si bien todavía no hay fecha precisa, el oficialismo buscará generar el mayor consenso para lograr su objetivo.

Además aún están pendientes los aportes del cluster de la economía circular del que participan el sector privado, las universidades y el ente Bio-Córdoba. Antes de que termine diciembre desde el municipio esperan poder dar a conocer el borrador que servirá de base para lo que se debata en el Concejo.

La nueva normativa busca cambiar la forma de abordaje de los residuos en la ciudad. Introducir nuevos conceptos y actores que marquen el paso a un nuevo paradigma y potenciar el rol del Estado en la compra de productos reciclados y recuperados.

Por ejemplo una de las ideas que se manejan en la Secretaría de Gestión Ambiental es dejar de hablar de disposición final de residuos y sumar el reciclado y revalorizaron como los ejes de la ordenanza.

En principio no plantearán objetivos específicos, pero si entienden que debe aumentar la tasa de desvío de residuos para bajar la carga que llega diariamente al predio de Piedra Blanca, que ya logró la licencia ambiental para ser ampliado. Algunos de los grandes lineamientos serán los siguientes.

Fin de grandes generadores

La actual normativa señala que los comercios o industrias que producen más 200 kilos de residuos o 0,4 metros cúbicos diarios son grandes generadores y deben contratar un servicio de recolección particular. No obstante, esta categoría requiere que el municipio determine uno por uno la cantidad que genera cada comercio.

El nuevo marco reemplazará esta denominación y creará una nueva categorización. En principio distinguirá entre generadores domiciliarios y no domiciliarios. Para los primeros estará destinado el servicio de recolección tradicional, mientras que la regla general para los segundos sería la contratación de un transportista.

Los generadores no domiciliarios tendrán tres categorías: de bajo, medio y alto impacto. La distinción será por actividad y rubro económico. Aún no está definido cómo se integrarán. Aunque es posible que a los generadores de bajo impacto se les permita utilizar el servicio domiciliario.

Dentro del mismo proyecto se creará un registro de cooperativas y transportistas habilitados que se podrán encargar del traslado de los residuos de los generadores no domiciliarios. Uno de los cambios al que apunta el proyecto es incorporar nuevos actores a este nuevo paradigma.

Compras e incentivos

Un eje central del proyecto será darle preferencia a la adquisición de productos de la economía circular por parte del Estado municipal. Que las licitaciones y compras se inclinen por insumos de este tipo, inclusive si son más costosos que los de la economía tradicional.

Desde el mobiliario urbano -bancos, juegos de plazas, etcétera- hasta la obra pública, la mayoría de las contrataciones municipales deberán ajustarse a los parámetros de sostenibilidad que apunta a promover el municipio.

Además proyecta un esquema de incentivos para sumar a los generadores no domiciliarios a que tengan planes de gestión de residuos. “Se trata de alentar este tipo de prácticas”, apuntan desde el Palacio 6 de Julio. No obstante, señalan que incluirán un esquema de multas para los que no cumplan.

Dentro del marco se contempla la creación de una zona de oportunidades con beneficios para empresas y emprendimientos sustentables que trabajen en la recuperación y la reintroducción de productos con origen circular.

Última modificación

La última modificación a la ordenanza de RSU fue en 2017, durante la segunda gestión de Ramón Mestre. En ese entonces se lanzó el plan Recuperando Valor, que no terminó de permear.

La Voz

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