abril 14, 2024 8:42 pm

Corrupción: Córdoba tiene la iniciativa para un acuerdo nacional

De nada sirven medidas aisladas como la de Ficha Limpia. Lo que importa son los significados de los 21 años de proceso que necesitó la Justicia argentina para condenar a Germán Kammerath. Los más de 14 años que lleva el juicio por corrupción en la obra pública, donde los empresarios han confesado sobornos por millones de dólares. Lo que importa es la pobreza y no los controles de precios.

Hoy somos el país de mayor decadencia en el siglo 21, en términos de producto interno bruto y de pobreza.

¿Adónde fue que nos perdimos?

No se trata tan sólo de incompetentes o corruptos gobernantes y menos aún de ideologías. Debemos aceptar que estamos frente a un sistema de construcción de poder político, económico y sindical basado en la corrupción. Y con alto impacto en la economía. Sobreprecios, sobornos, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Ese esquema de poder es la causa principal de la inflación, la pobreza y la corrupción. Y del nulo crecimiento económico.

En la década de 1980, éramos el país con el mayor PIB per capita del continente. Hoy somos el tercero. Teníamos menos del 10% de pobres. Hoy, 40%. La inflación no puede bajar del 40%. A ello se agrega que el 82% de la sociedad desconfía de la Justicia, con plena razón, ya que un juicio por corrupción dura un promedio de 14 años y sólo tiene un índice de condena del 4%, y los bienes robados nunca son reintegrados a la sociedad (informe del Colegio de Abogados de Córdoba, de 2018).

Estos son hechos históricos fundados en datos estadísticos. Se debe aclarar que este sistema de acumulación de poder ha sido utilizado, protegido y garantizado por igual por los gobiernos neoliberales y por los gobiernos seudoprogresistas. Ambos, con 14 años de gobierno, utilizaron este modelo de poder. Y ello explica su impunidad judicial.

El costo

Paolo Mauro, economista del Fondo Monetario Internacional, construye un modelo matemático para medir el costo de la corrupción en los procesos de crecimiento económico. Por cada 10 puntos de aumento en el índice de corrupción, baja el crecimiento del PIB en un 0,5%.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), que es el club de los países ricos, ya en 2010 creó un grupo de trabajo de lucha contra la corrupción. Resulta increíble que en la Argentina ningún análisis económico tenga a la corrupción como variable central del “problema argentino“. El costo directo de la corrupción ha sido calculado en el informe del Colegio de Abogados de Córdoba en 30 mil millones de dólares en el período 2004/2014. Y su costo directo, siguiendo el análisis de Paolo Mauro, es razonable estimarlo en un PIB entero en el período de la democracia argentina.

Lo que necesitamos

Para salir de esta situación necesitamos varias cosas.

En primer lugar, una reforma judicial que modifique el Código Penal y el Código Procesal Penal. Agravantes punitivos para los delitos del poder. No aumento masivos de penas. Interesa el ministro y no el chofer.

La sentencia de segunda instancia debe ser sentencia definitiva y de cumplimiento efectivo (Convención Americana).

Ninguna política económica va a funcionar en Argentina con una sociedad que en un 82% desconfía de la Justicia y de la ley. Para devolver el valor a la moneda argentina, es indispensable recuperar confianza de la sociedad en la Justicia. No hay fórmulas económicas mágicas ni que sean independientes del recupero de confianza social en la Justicia.

No basta el proyecto de ficha limpia. Un procesamiento judicial firme por actos de corrupción debe implicar la suspensión del funcionario. Se trate de un funcionario público designado o de uno elegido por el pueblo.

En segundo lugar, la toma de deuda externa por parte del Estado argentino no podrá superar el 43% del PIB (Maastricht).

Tercero, generosos incentivos impositivos para toda actividad económica que genere valor agregado. En especial, el tecnológico.

En cuarto término, los planes sociales de protección a la pobreza deben continuar. Estado/empresas/sindicatos deben armar programas de capacitación laboral con salida rápida. Ayudantes de enfermería, cuidado de personas enfermas y tareas de reciclados ecológicos.

Quinto, un plan quinquenal de crecimiento económico. Desagregado por sectores de la economía y con metas anuales verificables por organismos independientes de control.

Por último, modificación de la currícula secundaria y universitaria. La corrupción y su impacto económico y cultural debe ser temática obligatoria de estudio como violación autónoma de los derechos humanos.

Hoy Argentina está en una encrucijada. O chocamos de nuevo con el caos y la violencia de 2001 o cambiamos en serio ese sistema de acumulación de poder basado en la corrupción, mediante un conjunto de políticas públicas integradas y sistémicas. Y Córdoba tiene un rol central en este desafío.

Somos la provincia con mayor independencia económica y política. Un aparato productivo diversificado. A diferencia del Noroeste y del Noreste, no dependemos del empleo público. Tenemos una larga tradición de rebeldía contra los autoritarismos.

El gobernador de Córdoba y los 18 diputados nacionales deberían dar un ejemplo histórico y firmar juntos un proyecto de ley que busque cambiar de fondo y en serio el sistema de poder basado en la corrupción, que es la causa central de la inflación, de la pobreza, de la impunidad, de la corrupción y del nulo crecimiento económico. Esta es la única manera de romper con la estúpida grieta.

* Exdiputado nacional

La Voz

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