febrero 21, 2024 4:33 pm

Malas prácticas que deben desaparecer

Casi que no se requiere un ejercicio de memoria para que aflore el recuerdo de aquel jefe de Policía de Córdoba que, ante la crisis de inseguridad, decidió abocar la fuerza a su cargo a la intensiva persecución de los denominados “motochoros”. Lo que siguió fue penoso para todos y perjudicial para no pocos: caravanas de motociclistas detenidos en calles y en avenidas por el supuesto delito de ser morochos, usar gorra y circular en moto. Nada más inútil ni menos estigmatizante, y a la vez altamente demostrativo de los conceptos que se inculcan en la formación de nuestros uniformados.

En medio de la actual epidemia de inseguridad, la institución provincial vuelve a ser noticia ante la denuncia de un oficial que demuestra que casi nada cambió en los años transcurridos. Y mucho menos en el tratamiento que se da a las voces solitarias que se atreven a contar lo que ocurre, como que el mismísimo Tribunal de Conducta Policial –creado para que estas cosas no se repitan– haga lo posible para que ellas no trasciendan.

La denuncia contiene datos sobre prácticas reiteradas y claramente no erradicadas en la Policía cordobesa: la exigencia de cumplimentar una cuota de detenciones diarias, con razón y sin ella, y a costa de quienes parecen ser delincuentes por el solo detalle de que salen a la calle exhibiendo su humilde condición. Porque no visten traje y corbata, en resumen.

La cuestión vuelve a poner de manifiesto la caracterización sectaria, racista y discriminatoria que se sigue inculcando a quienes integran la fuerza. Una fuerza en la que las conducciones pasan y las malas prácticas permanecen ante la total indiferencia –o inoperancia– del poder político.

Por los mismos años que se recordaban al principio de este editorial, un alto oficial de la fuerza fue condenado por exigir a sus subordinados el cumplimiento de cuotas diarias de detención. Curiosamente o no tanto, dicho oficial era docente en la Escuela de Policía, un detalle que a la vista de la reiteración de estos casos no parece menor.

La Policía de Córdoba ha sido sacudida por una sucesión de hechos lamentables, entre los cuales el asesinato de Blas Correa escala en el ranking de lo lamentable. El punto es que ya no se puede ocultar lo evidente: el hecho de que la fuerza policial sigue anclada en prácticas del pasado tanto como que la formación impartida es cuanto menos dudosa y hasta cuestionable.

Se ha repetido hasta el cansancio que el oficio policial no puede ni debe ser una salida laboral para quienes no ostentan otras capacidades, pero es al poder político al que le toca la responsabilidad de asumir de una vez por todas que es necesario ir al fondo del problema, por el bien de todos los cordobeses, cualquiera sea su clase social.

La Voz

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