El exjefe de la delegación Santa Fe de la Policía Federal Argentina (PFA), Marcelo Lepwalts, fue condenado hoy a 4 años y 6 meses de prisión como líder de una asociación ilícita que integraban subordinados suyos en la fuerza de seguridad, y por medio de la cual había montado un “mecanismo recaudatorio” al margen de sus salarios, informaron fuentes judiciales.
Los jueces Germán Sutter Schneider, Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano, del Tribunal Oral Criminal de Santa Fe, consideraron que la organización delictiva que comandaba Lepwalts, y que integraban cinco de sus subalternos, funcionó desde que asumió en la delegación, el 14 de marzo de 2018, hasta su detención el 9 de mayo de 2019.
En su alegato final, el fiscal del juicio, Martín Suárez Faisal, había solicitado una condena de ocho años de prisión para que la pena fuera “significativa”, ya que los hechos por los que fue juzgado Lepwalts fueron “justamente lo contrario de lo que tenía que hacer, que era sostener el orden público”.
El exjefe policial ya había sido condenado en abril pasado a 4 años y 3 meses de cárcel por tenencia simple de drogas, cohecho, abuso de autoridad, sustracción de pruebas e incumplimiento de los deberes de funcionario público, recordaron voceros judiciales.
Antes del juicio que terminó hoy, fueron condenados en procedimientos abreviados los subalternos de Lepwalts en la sede Santa Fe de la PFA: Cristian Bogetti, Michael Arbildo, Carlos Fernando Gómez Navarro, Lucas Bustos y Darío Duarte.
Según se reveló en el proceso oral, el exjefe de la PFA en la ciudad de Santa Fe montó un “mecanismo recaudatorio” al margen de su ingreso salarial, para lo cual utilizaba diferentes métodos.
Los jueces determinaron que, una de las formas de recaudar dinero era mediante operativos en los cuales se secuestraban estupefacientes a personas vinculadas al narcotráfico pero los resultados de estos procedimientos eran luego escondidos a las autoridades intervinientes.
Según se determinó, si se secuestraba dinero, el mismo era distribuido por partes iguales entre el personal policial que integraba el grupo, mientras que en el caso de las drogas, una porción era resguardada en la delegación para “plantar” en futuros procedimientos.
Además, cobraban “protección” a vendedores de estupefacientes al menudeo y, en un caso, obtuvieron dinero de un narco detenido al que le devolvieron su teléfono celular, cuyo secuestro no hicieron constar en el acta de procedimiento.
En abril de 2018 la brigada detuvo a un presunto narco, Guillermo Kernc, que pagó 120 mil pesos para recuperar uno de los dos teléfonos móviles.
En una escucha telefónica, el policía Gómez Navarro le explica a su interlocutor: “Para que le devolvamos el celu, porque era prestamista, tenía todas las cuentas que tenía que cobrar, y citamos ahí en la costa, puso 70. Más lo que había puesto, 50 el otro día”.
La madre de Kernc, en diálogo con una mujer identificada en la causa como “Alejandra”, dijo en otra escucha: “Lo agarraron con mucho, pero fraccionado, en 10, en 20, después los capuchones”. Pero en el acta de procedimiento, los policías registraron el secuestro de 81 gramos de cocaína.
Investigados en Córdoba
En Villa María, Bogetti (42), Duarte (46) y Bustos (37) están bajo sospecha luego de la denuncia de un explotador sexual, Cristian Omar “Cara” Yanantuoni (44), quien sentenciado en 2019 a 11 años de prisión por el delito de rufianería agravado (por aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de una mujer y de dos chicas, de 15 y 17 años).
Yanantuoni explotó, mediante la prostitución, a las tres. El hombre denunció que Bogetti, Duarte y Bustos le habían “armado” la causa porque querían que les proporcionara dinero para que supuestamente operara su prostíbulo libremente.
En ese sentido, apuntó contra ellos por “armarle” la causa en 2012, ya que los tres eran los encargados de investigarlo en el marco del expediente que, luego, terminó con la condena de Yanantuoni. El explotador los acusó de hacerle un seguimiento y solicitarle una supuesta coima.
El proxeneta señaló que los tres le transmitieron que necesitaban recibir pagos mensuales, presuntamente para alertarlo sobre allanamientos o datos sobre la investigación que pudieran comprometerlo.
Le habrían mencionado que Bogetti era el jefe de los allanamientos de la Federal y que tanto Duarte como Bustos realizaban tareas de seguimiento, lo que al parecer significaba que no podía “zafar” si no pactaba algún tipo de acuerdo con ellos.
Contrariamente al planteo de Yanantuoni, para la fiscalía del juicio no se trató de una causa “armada”, ya que, más allá de las declaraciones de los policías, fueron incorporándose pruebas sobre la explotación a la que sometió a las jóvenes. Finalmente, el Tribunal Oral Federal N° 2 lo condenó en 2019.
Pero los tres efectivos fueron imputados por concusión, que pena con hasta cuatro años de prisión a un funcionario público que, abusando de su cargo, solicite una dádiva o cobre mayores derechos de que los que corresponden. Fueron procesados, la Cámara Federal avaló la medida y recientemente confirmó las prisiones preventivas.
La Voz