La investigación por el ataque al edificio de Clarín, ocurrido en el 22 de noviembre pasado en la ciudad de Buenos Aires, avanzó en las últimas horas con la detención de un sospechoso y la identificación de otros dos que están prófugos.
Fuentes judiciales dijeron a Clarín que el miércoles a la madrugada la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal llevó a cabo cuatro allanamientos: uno en la Ciudad y los otros tres en el Gran Buenos Aires (Lomas del Mirador, Ramos Mejía y Ciudadela).
En Perú al 500, de Lomas del Mirador (partido de La Matanza), fue detenido Juan Gabriel Apud (32), un técnico de refrigeración cuya huella había quedado en una de las botellas que no llegó a estallar en la sede de la calle Piedras al 1700.
Los investigadores determinaron que apenas 10 minutos después del hecho se bajó de una moto y a las 23.16 se subió al interno 6046 de la línea de colectivos 60, solo, en la esquina de Brandsen y Montes de Oca, en Barracas. Usó la Sube de su esposa y así lo descubrieron.
Además, allanaron los domicilios de otros dos sospechosos, identificados como Emir Dorval Acosta (39), en Lomas de Mirador, y Mario Ciro Fumaroni (45), en La Boca. El primero no tiene trabajo estable y el segundo es luthier, según contaron los voceros a Clarín.
Caso Clarín: fallo del juez
El juez federal Luis Rodríguez, además, dictó este mismo jueves la falta de mérito y la inmediata libertad de Martín Michell Gallarreta Albin (44), de nacionalidad uruguaya, quien había sido detenido el viernes 26 de noviembre, ya que finalmente no tendría vinculación con el ataque.
De acuerdo a las fuentes, se constató mediante las fotografías obtenidas de las más de 400 cámaras de seguridad aportadas por la Policía de la Ciudad y las particulares que Apud, Dorval Acosta y Fumaroni participaron del atentado con las bombas incendiarias.
Además, los tres tenían en sus domicilios bibliografía y folletos que confirman un perfil anarquista, como habían adelantado los investigadores a Clarín.
En la causa también interviene el fiscal federal Gerardo Pollicita. Está caratulada como “intimidación pública calificada”, un delito por el cual el Código Penal establece penas de 3 a 10 años.
Del ataque participaron seis hombres y tres mujeres que primero se juntaron en el anfiteatro del Parque Lezama. De allí se dividieron, se cambiaron de ropas y actuaron encapuchados. Se movían en tres motos.
La Voz