Cuando las políticas públicas son insuficientes o carecen de una mirada integral en su abordaje, terminan revictimizando a las víctimas de violencias.
En la edición del 8 de enero de 2022 de este diario, la periodista Virginia Digón pone en foco una arista poco debatida –al menos en ámbitos públicos, y mucho menos en los discursos gubernamentales–, si bien se trata de un secreto a voces, cual es la dramática situación por la que atraviesan las mujeres víctimas de violencias por motivos de genero, en particular en su modalidad doméstica, cuando pertenecen a la Policía de la Provincia de Córdoba, en virtud de la vigencia del Protocolo de Prevención.
Este dato podría pasar inadvertido si no fuera por otro no menos alarmante y silenciado: de 15 mujeres víctimas de femicidios en 2021, tres de los femicidas pertenecían a la fuerza de seguridad provincial, duplicando prácticamente la media nacional.
Debiéramos preguntarnos en este contexto cuáles son los registros o datos que existen sobre la cantidad de mujeres que sufren violencia por motivos de género en cualquiera de sus modalidades, y en particular aquellas que sufren violencia en su modalidad doméstica, y dentro de ella cuántos agresores pertenecen a la fuerza policial.
De proceder a una proyección entre estos elementos, podremos colegir que no todas las mujeres que pertenecen a la Policía de la Provincia de Córdoba realizan la denuncia correspondiente. Si bien podemos avizorar en el análisis múltiples factores, adquiere particular relevancia el papel que juega la vigencia del Protocolo Policial una vez que se formula una denuncia, con todo lo que ello implica para una víctima de violencia doméstica.
Un fallo novedoso
La nota de referencia trae a colación un fallo novedoso dictado por el juez Andrés Emilio Peretti, a cargo del Juzgado de Niñez, Juventud y Violencia Familiar y Penal Juvenil de San Francisco, dado que por primera vez se pone en cuestión el Protocolo Policial en cuanto ordena la “retención del arma del efectivo policial hasta tanto se reciban las directivas de la Justicia y lo evalúe un psicólogo en el Departamento de Bienestar Policial…” .
Esta medida genera un agravamiento de la situación de violencia que atraviesa la mujer policía, puesto que de manera inmediata pierde su condición de “operativa” y, por lo tanto, al quedar en tarea ”no operativa”, sin portación de arma reglamentaria, no puede realizar horas extras, conocidas como “adicionales”, las que son altamente significativas en los ingresos mensuales.
Casi la totalidad de mujeres policías realizan adicionales de manera tal de mejorar los magros ingresos que perciben, situación de particular trascendencia en aquellos hogares monoparentales o en aquellos en los que las mujeres son las principales cuidadoras o proveedoras.
Protocolo que revictimiza
Las medidas adoptadas en sede administrativa por la Policía de la Provincia de Córdoba no sólo que revictimizan a las mujeres pertenecientes a la fuerza que son o fueron víctimas de violencias, sino que en algunos casos se erigen en una herramienta disuasiva y hasta disciplinadora, por cuanto se piensa dos veces en denunciar al agresor cuando las medidas adoptadas por parte del Estado –responsable en llevar adelante políticas públicas que erradiquen las violencias contra las mujeres– generan nuevas modalidades de violencia y coadyuvan en la feminización de la pobreza.
Este último tema ha sido objeto de profundos debates, los cuales ponen en evidencia que hombres y mujeres sufren la pobreza de manera desigual y que el género, tanto como la edad y la etnia, entre otros factores, inciden en aquella y aumentan la vulnerabilidad de las mujeres a padecerla. Negar esta realidad es invisibilizarla y seguir sin dar soluciones.
Las políticas de género deben ser formuladas con una clara identificación del problema y las alternativas para su abordaje, en particular la mirada o enfoque de género, no pueden ser parcialmente tenidas en cuenta so pena de agravar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres víctimas de violencias, en particular si pertenecen a la Policía de la Provincia de Córdoba.
* Codirectora del Observatorio de Violencias por Razones de Género del Colegio de Abogados de Córdoba
La Voz
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