En lo que el Gobierno considera un paso significativo hacia la desburocratización y simplificación del comercio exterior, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) derogó 23 resoluciones generales que imponían requisitos de intervención de entidades privadas –como cámaras, federaciones y asociaciones sectoriales– durante las verificaciones físicas de mercaderías importadas.
Esta decisión, formalizada a través de la Resolución General N° 5693/2025, busca agilizar los procesos en la Aduana y se alinea con reclamos específicos de Estados Unidos en el marco de negociaciones bilaterales.
Los cambios que anunció Arca
La normativa, firmada por el titular de Arca, Juan Alberto Pazo, y publicada en el Boletín Oficial este 9 de mayo, entra en vigencia el 10 de mayo. Deja sin efecto un conjunto de disposiciones que databan de fines de los años noventa (entre 1998 y 1999). Estas normas exigían la presencia de representantes del sector privado en las inspecciones físicas que se realizaban cuando la mercadería era seleccionada para “canal rojo” dentro del Sistema Informático MALVINA (SIM).
Desde el Gobierno, explicaron que esta iniciativa «ayuda al proceso de liberar el comercio» y forma parte del esfuerzo de simplificación y desburocratización.
El ministro Federico Sturzenegger detalló en X que, bajo el esquema anterior, para liberar un container por canal rojo “necesitabas la aprobación de tu competidor local”. Describió este mecanismo como el «modelo de la casta en formato puro“. Si bien estos mecanismos no se activaban habitualmente, eran un ”disuasorio» y sobrecargaban el proceso y la aduana.
En Octubre del año pasado por la Resolución General 5.586 de @ARCA_informa eliminamos la participación de cámaras como veedoras del proceso de importación. Para decirlo en criollo, para sacar un container que iba por canal rojo necesitabas la aprobación de tu competidor local. El…
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) May 9, 2025
Arca argumentó que el esquema derogado resultaba poco efectivo debido a la baja concurrencia de las entidades observadoras. Además, su implementación requería una planificación anticipada que generaba demoras operativas y costos adicionales tanto para el Estado como para los operadores privados.
La medida se interpreta como una respuesta directa a varios puntos del documento anual de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR). Este informe detalla barreras que, según Washington, obstaculizan el comercio bilateral con Argentina y realiza pedidos concretos de simplificación del sistema aduanero y eliminación de trabas no arancelarias. La eliminación de la participación obligatoria de entidades observadoras responde específicamente a la exigencia de facilitar el ingreso de productos extranjeros al país.
Este movimiento se da en un contexto de renovadas gestiones bilaterales con Estados Unidos, luego de que ese país aplicara un arancel del 10% a las importaciones argentinas. El Gobierno busca mecanismos para mejorar el acceso de productos nacionales al mercado estadounidense, y Washington ha señalado que una reducción de aranceles podría concretarse si Argentina avanza en una agenda de previsibilidad normativa, simplificación administrativa y acceso equitativo al mercado. Decisiones como la de ARCA son vistas como señales de avance en esta hoja de ruta.
La Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) respaldó la resolución. Su CEO, Fernando Furci, cuestionó la justificación original de que un representante de una cámara local verificara el cumplimiento de normas de importación, tarea que, según él, debería recaer en personal técnico competente de Aduana. Si bien estas “trabas” se aplicaban poco en la práctica, Furci sostuvo que eran parte de una «caja de Pandora de recursos que permitían trabar ingresos de productos y la realización de negocios» sin sentido, explicó Infobae.
Arca destacó que la medida “favorece la agilización del desaduanamiento de mercaderías, sin alterar el control aduanero ni la trazabilidad de las operaciones de importación». La agencia remarcó que es una política enfocada en una gestión pública eficiente y en mejorar la competitividad del comercio exterior argentino.
La Voz
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