No es ninguna novedad: todos los gobiernos que aspiran a sostenerse en el poder no sólo miran su propia gestión, sino que observan con lupa lo que ocurre en la vereda de enfrente. En el Centro Cívico, por estas horas, la atención está puesta en lo que internamente definen como la pelea de los “dos bandos” en la oposición.
En el entorno del gobernador Martín Llaryora, trazan un mapa claro. Por un lado, ubican al sector que encabezan Luis Juez y el libertario Gabriel Bornoroni. Por el otro, al radical Rodrigo de Loredo, acompañado por algunos sectores del PRO que decidieron no alinearse con el oficialismo provincial.
“Creemos que no hay chances de que esos dos sectores logren la unidad. Juez y De Loredo ya dijeron que serán candidatos, y Bornoroni repite ante cada empresario con el que se reúne que él será el candidato de Milei en Córdoba”, confió un funcionario llaryorista de acceso frecuente al despacho del gobernador.
En el oficialismo, también ponen la lupa sobre el vecinalista Aurelio García Elorrio. Están convencidos de que terminará sumándose a alguno de los dos espacios opositores. Hoy lo ven más cerca de De Loredo que de un eventual acuerdo Juez-Bornoroni. García Elorrio, por su parte, repite ante quien quiera escucharlo que trabajará para derrotar al PJ, aunque evita dar señales claras sobre con quién sellará un entendimiento.
Con este panorama, los llaryoristas imaginan una contienda con tres fórmulas que disputen el poder: la que encabezará el propio Llaryora; la que podría surgir de un acuerdo Juez-Bornoroni (“¿Y si ‘el Petiso’ –por Juez– acepta ser el compañero de fórmula de Bornoroni?”, se preguntó, entre ironías, un peronista histórico), y la que lideraría De Loredo.
Por ahora, no es más que una lectura interesada –y una ilusión– que circula en los pasillos del Centro Cívico, donde todos están mirando el 2027, cuando aún no empezó 2026.
A la manera Llaryora: que corran varios y después se verá
En el llaryorismo, no sorprende. Cada vez que se acerca una elección, la receta se repite: varios dirigentes puestos a correr por una candidatura, con la venia de Martín Llaryora. El devenir del trabajo de cada uno y la capacidad para moverse y hacerse notar terminarán inclinando la balanza.
Algo de eso está pasando en la Capital, cuando aún falta mucho para la sucesión del intendente Daniel Passerini.
El arribo de Miguel Siciliano al gabinete provincial y la articulación directa que tendrá con la Capital son muestras claras de que Llaryora piensa en el hoy ministro de Vinculación y Gestión Institucional como una opción concreta para ocupar el principal sillón del Palacio 6 de Julio.
Pero Siciliano no es el único competidor. Llaryora decidió dar mayor visibilidad y protagonismo a Marcelo Rodio, un dirigente del primer llaryorismo. En una combinación extraña, Rodio salta de la Secretaría de Transporte a la titularidad de la Agencia de Cultura, donde llega –dicen en su entorno– para “sacar la cultura a las calles”.
Otro empoderado con nuevas herramientas de control y persecución es Juan Pablo Quinteros, el ministro de Seguridad. Aunque el exjuecista niegue públicamente su apetencia por ser intendente de la Capital, Llaryora lo tiene entre sus principales opciones para 2027.
“Ahora ya hay tres, y van a ver que habrá más”, dice un funcionario cercano al gobernador y quien lo conoce desde que comenzó en política.
Hay otro que siempre está anotado en la Capital. Héctor “Pichi” Campana, pero no es llaryorista: siempre tuvo el respaldo de Juan Schiaretti, y sobre todo de la esposa de este, la senadora nacional Alejandra Vigo.
Quemá esa remera
En medio del escándalo en la Legislatura por la designación de los funcionarios de la Procuración Penitenciaria, el radicalismo quedó durante varias horas en off side cuando se supo que una de las adjuntas sería Florencia Degano, una funcionaria del Tribunal de Cuentas de la Provincia cercana políticamente a Julio Ochoa, secretario del Comité Provincia y operador de Marcos Ferrer, presidente del partido.
Los legisladores deloredistas que habían rechazado la creación de la Procuración Penitenciaria salieron a despegarse de Degano, a quien no le reconocieron militancia en el partido.
Rápidamente circularon por los grupos de WhatsApp fotos de Degano en distintas actividades partidarias (el acto de lanzamiento de la fórmula Luis Juez-Marcos Carasso, por ejemplo) y eventos institucionales en la Legislatura y en el Colegio de Abogados, donde la identifican como cercana a Alejandra Ferrero.
Entre esas fotos, hay una en la que Degano aparece junto a buena parte del bloque de la UCR en la composición anterior de la Unicameral. Degano forma a la izquierda de la legisladora negrista Daniela Gudiño, y al frente del grupo está Marcelo Cossar. Como se sabe, el exviceintendente está ahora cercano a La Libertad Avanza y hasta asistió al “tour de la gratitud” que hizo Javier Milei.
El detalle, señalado por varios radicales maliciosos, es que Cossar lucía en esa foto una remera con la cara de Barack Obama, el expresidente demócrata de Estados Unidos y cuyas políticas públicas son combatidas por Donald Trump. “¿Tendrá guardada la remera?“, se preguntaron con maldad extrema algunos correligionarios de Cossar.
Salvo en obras, Provincia y municipio ralentizan los pagos
Fin de año viene mostrando algunas dificultades para los proveedores del sector público. Si bien la situación no es pareja y tampoco puede hablarse de un panorama homogéneo, la cobranza por los bienes y servicios prestados está demorada en muchos casos, e involucra a los dos niveles del Estado, la Provincia y los municipios.
Con el impacto de la caída de la recaudación (la propia y también la nacional, que bajó 8,7% en términos reales a noviembre), el golpe empieza a sentirse e impacta de lleno en el último eslabón de la cadena de pagos, donde reclamar no es visto con buenos ojos.
En el caso de la Provincia de Córdoba, lo más “estirado” en términos de cumplimiento serían los proveedores de bienes, insumos y servicios, según dijeron fuentes con conocimiento de la situación.
La obra pública, sin embargo, no estaría retrasada en la cobranza. “Ya pagaron obligaciones que vencían a fin de mes”, indicó una fuente empresarial que, no obstante, expresó su preocupación por el futuro. “Una obra parada se ve, pero a mediano plazo, si no cambia la situación del país, es difícil de evitar”, dijeron en ese ámbito.
La Municipalidad de Córdoba, en cambio, tendría a sus proveedores en un estado de “desesperación total”, dijo textualmente a La Voz uno de ellos. “Adeudan por lo menos tres meses e inclusive más tiempo, y vemos que no existen prioridades: el gasto se va en otras cosas”, agregan desde uno de los rubros afectados.
El municipio sí estaría cubriendo los pagos a las empresas que están ejecutando obras significativas, para lo cual usaría unos $ 44 mil millones transferidos en su momento por la Provincia. Los bonos para proveedores con vencimiento en 2027, pagaderos con intereses (Tamar) y que permiten cancelar impuestos vencidos, encuentran una corta vida en el mercado secundario. Hay quienes se esperanzan con otro título respaldado por Bancor.
“No están pagando redeterminaciones de precios desde principios de año; lo que se cobra hoy es a valores históricos”, dicen proveedores que por estos días tienen enfrente obligaciones como el pago de aguinaldos e impuestos y no encuentran novedades sobre la situación de sus facturas ya emitidas y enviadas al Palacio 6 de Julio.
Intendentes y el dilema de los cuartetos
Córdoba tiene más de 400 festivales durante el verano. Y muchos tienen, o querían tener, figuras del cuarteto en su grilla. El tema es el presupuesto que los artistas piden a las municipalidades, en su mayoría responsables de las organizaciones.
El caso más resonante se produjo en Cruz del Eje, que decidió no contratar a ninguna de las bandas más importantes para la Fiesta del Olivo, y quedarse con exponentes locales. Si bien no critican lo que piden los cuartetos, consideran muy difícil afrontar gastos que, en algunos casos, podrían superar los 100 millones de pesos.
Es más: hay polémica porque una figura del cuarteto se presentó en octubre pasado y la pérdida para el municipio habría sido mayor a los 100 millones.
En otros gobiernos locales, mientras hacen malabares para terminar de pagar aguinaldos y no paran de quejarse por la caída de las recaudaciones locales, analizan cómo hacer para seguir adelante con sus festivales.
“Se está pidiendo entre 60 y 140 millones por las bandas reconocidas”, contó un intendente del interior, y agregó: “Pero además, a los municipios les cobran más”.
No sólo eso: se debe pagar IVA, y a la ecuación se le agregan los adicionales de la Policía. “Nos piden al menos 60 para un festival grande”, confió el intendente.
También sucede que hasta el verano pasado, el Gobierno provincial financiaba la presencia de bandas cuarteteras de la Capital que iban a festivales del interior. Esa “ayuda” del Centro Cívico parece que ahora tampoco llega.
La silenciosa mayoría
Con los cambios impulsados por Martín Llaryora en el Poder Judicial, en los pasillos de Tribunales crece la intriga por lo que pueda pasar en el Tribunal Superior de Justicia. Un operador judicial no deja de repetir la “experiencia” de Santa Fe, donde el radical Maximiliano Pullaro decidió avanzar fuertemente sobre dos vocales del Tribunal Superior de esa provincia que tienen más de 75 años de edad (límite para los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación).
En Córdoba, ese límite no existe, pero hay dos vocales que lo cruzan: Luis Rubio y Luis Angulo. El primero ya avisó que renunciará en diciembre de 2027 y dejará el cargo en marzo del año siguiente, cuando Llaryora haya sido reelegido o un nuevo gobernador esté en el Panal. Angulo, en cambio, no dice nada respecto de su continuidad, que por ahora no pone en dudas.
De hecho, Angulo dio una clara señal días atrás, cuando votó junto a Jéssica Valentini, Aída Tarditti y Domingo Sesín para que este sea el próximo presidente del TSJ cordobés. Se especula que durante la presidencia de Sesín llegarán a la sala Contencioso Administrativa los reclamos por el recorte de haberes dispuestos por Llaryora en el marco de la reforma previsional.
En cambio, Rubio votó en contra de Sesín y formó con Sebastián López Peña y Marta Cáceres de Bolatti, una minoría que no disimula su malestar con el otro grupo de vocales del TSJ. De hecho, el propio López Peña se armó un despacho en Tribunales II y ya no pisa en la diaria el Palacio de Justicia, donde asisten los restantes vocales.
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