La suspensión de la audiencia para tratar la prórroga que pidió la empresa Dioxitek para seguir operando en la ciudad de Córdoba otros ocho años, a pesar de estar fuera de ordenanza, prolonga una situación irregular que lleva ya un año y dos meses, cuando venció el último permiso que se acordó en la Justicia federal.
Dioxitek es una sociedad anónima con mayoría de capital del Estado nacional, que opera en un sector de barrio Alta Córdoba desde 1983 y que quedó fuera de norma ya en 1985, cuando la ordenanza que regula el uso de suelo dentro del ejido capitalino prohibió la actividad industrial que desarrolla. Desde entonces, opera con prórrogas y permisos precarios, con promesas de mudar su operación a una planta que sigue en construcción en Formosa.
En la propia presentación que hicieron el asesor letrado municipal, Andrés Varizat, y el secretario de Ambiente municipal, Gabriel Martín, se consigna la fecha desde la que Dioxitek trabaja sin paraguas legal: “Se han sucedido en el tiempo diversas instancias conciliatorias, que han prolongado los plazos para el traslado de la planta ubicada en el barrio de Alta Córdoba. Dichos plazos se han extendido a punto tal que, en la audiencia celebrada con fecha 25 de septiembre del año 2025, habiéndose cumplido el plazo previsto en el último acuerdo (31 de diciembre de 2024), la parte actora se comprometió a presentar un plan detallado con foco en la necesidad de contar con ocho años adicionales de prórroga”.
No está habilitada ni puede estarlo por normativa municipal. Opera bajo autorización judicial, en el marco de una causa que inició la propia empresa para que se garantice su funcionamiento hace casi 10 años.
Desde entonces, obtiene prórrogas de dos años, con promesas de mudanza que no se concretan.
En abril del año pasado, el municipio estaba a punto de firmar una nueva prórroga con una contraprestación para la ciudad de Córdoba de tres mil luminarias led, apenas un poco más que las dos mil lamparitas que aportó Dioxitek por el acuerdo que fue de 2022 a 2024.
Hubo un cambio de autoridades en Ambiente y cambió también el criterio. Se le pide a Dioxitek que esta sea la última prórroga y se presente un plan concreto, con plazos establecidos, para que deje la ciudad de Córdoba.
El juez Miguel Hugo Vaca Narvaja suspendió la audiencia, tal como por distintos motivos habían pedido la Municipalidad y la propia Dioxitek. El municipio solicitó que, antes de seguir conversando sobre la prórroga, se libren oficios a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), a la Dirección de Bomberos de la Policía de Córdoba y a la Secretaría de Ambiente de la Provincia.
Dioxitek, en cambio, había pedido unos días de postergación por su reciente cambio de autoridades. En diciembre saltó a la Secretaría de Asuntos Nucleares nacional quien fue su presidente desde el inicio de la gestión Milei, Federico Ramos Nápoli. Y la semana pasada fue nombrado como nuevo presidente de Nucleoeléctrica Argentina (Nasa) Juan Martín Campos, quien lo había sucedido. Bruno Oberlis asumió la semana pasada al frente de Dioxitek.
En una serie de notas de investigación, La Voz contó que existían informes internos y de Bomberos en los que se habla de deficiencias en la seguridad industrial de la empresa, en especial para contener incendios; que Dioxitek ya tiene dos notificaciones de Ambiente por la falta de presentación de un plan de gestión de residuos peligrosos, y se revelaron fotos de incidentes no reportados, con diseminación de materiales que contienen uranio en una etapa intermedia de su proceso de fabricación como pastillas de combustible nuclear.
En la presentación que se hizo ante el juzgado, hay un emplazamiento de 24 horas para que Dioxitek presente los documentos, “bajo apercibimiento de ordenar la suspensión de las actividades de la planta sobre la base de los principios preventivo y precautorio y en el ejercicio de las facultades previstas por el artículo 32 de la Ley General del Ambiente”. Pero ese plazo no fue confirmado por la Justicia en la remisión de los oficios.
La secretaria Regina Uriburu confió a La Voz que no hay fecha para una nueva audiencia; que eso depende del momento en que se reciban todas las respuestas a los oficios. La expectativa que tiene el juez Vaca Narvaja es que se reúnan de nuevo las partes en marzo y se logre un acuerdo, que de movida no sería por los ocho años que pide Dioxitek.
No existe voluntad en el municipio de clausurar la planta ni de afectar la provisión de dióxido de uranio a las centrales nucleares, que generan entre un 7% y un 10% de la energía que consume el país. Por esto se busca un acuerdo que esté en regla con las exigencias de seguridad y con las habilitaciones formales, y se establezca un plan claro, con metas auditables, para la erradicación de la planta de su locación en Córdoba. “No somos necios; sabemos que se trata de un insumo estratégico de la industria. Pero eso tiene un límite, que es la seguridad de los vecinos”, señaló Martín.
En el año en que funcionó sin permiso, paradójicamente Dioxitek batió su récord de producción: alcanzó las 190 toneladas, un volumen que quedó muy cerca de lograr el abastecimiento completo de los requerimientos de las tres centrales nucleares argentinas: Atucha I, Atucha II y Embalse.
Empresa superavitaria, pero sin resto para pagar la mudanza
El Ministerio de Economía de la Nación aprobó días atrás el Presupuesto 2026 para Dioxitek, en el que prevé un superávit de $ 775 millones, tras ejecutar gastos operativos por $ 25.535 millones.
“El Presupuesto 2026 para la empresa refleja una situación de equilibrio operativo con una rentabilidad positiva, proyectando un ahorro de $ 4.438 millones, derivado de ingresos totales estimados en $ 30.933 millones, frente a gastos operativos que alcanzarían los $ 25.535 millones″, consigna el informe oficial.
En este presupuesto, se contemplan inversiones por $ 3.662 millones.
La meta para este ejercicio es repetir la producción de 190 toneladas de dióxido de uranio, para abastecer a Nucleoeléctrica Argentina (Nasa), la empresa que gestiona las centrales nucleares argentinas.
Terminar la planta en Formosa para poder mudar la producción desde Córdoba tendría un costo estimado de U$S 50 millones, unos $ 75 mil millones de pesos, según estimaciones de expertos del sector, un número que resulta desafiante en relación con los resultados operativos de la empresa.
Pero el Estado nacional es dueño del 51% de las acciones de Dioxitek y, entienden desde el municipio, como tal es solidario frente a obligaciones que se le impongan a la empresa.
La Voz
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