Este miércoles, las Comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda del Senado se reunieron para intentar avanzar en la sanción de una nueva Ley de Biocombustibles.
Se trata de un tema que viene pisando fuerte en Argentina a nivel parlamentario desde que comenzó a discutirse formalmente hace dos meses, con la presentación de un proyecto por parte de Patricia Bullrich y un grupo de legisladores de La Libertad Avanza.
Fue un plenario marcado por asimetrías respecto a si avanzar con cuarto intermedio y por reclamos al oficialismo por superposición de labores en la agenda parlamentaria. Hubo, básicamente, algunos ruidos políticos: sucede que la misma Comisión tenía agendado el tratamiento de la Ley de Sociedades sobre la misma hora.
“Aprobemos o desechemos el cuarto intermedio antes de discutir el fondo del proyecto”, sostuvo el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Fernando Aldo Salino.
Sucedió en el Salón Illía y empezó con quórum en la Comisión de Minería, que contó con la presencia 10 de sus 19 integrantes: Pablo Cervi, Godoy Juan Cruz, Olivera Lucero, Atauche Coto Agustín, Juri Mariana, Flavia Royón y Corroza Julieta.
Pero más allá de las cuestiones de forma, el fondo de la cuestión es que la “interna” del biodiésel entre las grandes empresas exportadoras y las pymes sigue presente, y eso traba toda la discusión de la nueva ley.
BIOCOMBUSTIBLES: UNA DISCUSIÓN EMPANTANADA
Además de Salino, marcó expresamente su incomodidad ante los destiempos, hubo quejas sobre el funcionamiento de la mesa “prácticamente sin autoridades” de la Comisión de Minería. “Solo con un presidente no es suficiente y no se puede manejar con eficiencia”, sostuvo Flavio Fama.
El encuentro coincidió con el ascenso a la titularidad de la Comisión de la salteña Flavia Royón, quien viene de defender las ideas de su propio proyecto de ley presentado (el de “Primero Los Salteños”) en la II Cumbre de Bioetanol en Tucumán.
Detrás de la discusión técnica, hubo coincidencia en un punto: la mayoría de los bloques quería llegar a un dictamen esta misma sesión.
Beatriz Ávila fue la más insistente, al reclamar certidumbre para las economías azucareras del NOA y pedir avanzar de manera inminente. Ezequiel Atauche coincidió: “Creo que en un 90% de la ley estamos todos de acuerdo” y llamó a que “algunos sectores aflojen un poco” en los detalles pendientes.
Del lado de Presupuesto y Hacienda, Fernando Salino fue el que marcó la premura procedimental, al pedir resolver primero si había o no cuarto intermedio antes de seguir discutiendo el fondo del proyecto.
Camau, Vigo, y Ávila propusieron avanzar con el dictamen. En ese sentido, fue Ávila quien tomó la palabra para reforzar la urgencia: “Muchas provincias están esperando este nuevo marco regulatorio”, remarcaron.
La senadora compartió junto a Royón un panel para tratar el tema en Tucumán. De hecho, reforzó la comparación con Brasil que hizo la semana pasada: “En Brasil no se habla de sí se puede o no aumentar el corte, sino de cuánto aumentar”. E hizo lo mismo con respecto al corte de bioetanol: “Estamos en condiciones de llegar al 18%”.
BIOCOMBUSTIBLES: LOS DETALLES DEL PROYECTO OFICIAL
Pablo Cervi, quien integra el proyecto presentado por Bullrich, ratificó la iniciativa de tratar bioetanol y biodiesel de manera conjunta que propone La Libertad Avanza, proyecto central en discusión. “Es una salida que le da a todos la posibilidad de reconversión”, había dicho Bullrich. Adicionalmente, compartió los intereses sectoriales surgidos tras —dijo— dos reuniones informativas.
Entre las principales inquietudes, señaló el precio del aceite y del etanol y la posibilidad de los actores de ser alcanzados por la ley, que rige hasta 2030.
El cambio central es sobre el biodiésel: se mantendría un corte obligatorio del 10% —repartido entre empresas integradas y no integradas—, al que se podría sumar hasta un 5% opcional de coprocesamiento para las petroleras bajo el mismo tratamiento fiscal (Artículo 38). De concretarse, el uso efectivo de biodiésel treparía al 15%.
Para las empresas no integradas se respetaría el esquema vigente hasta 2030, con un cronograma de reacomodamiento que reservaría un piso del 3% hasta 2031 (Artículo 35), y se ajustarían en consecuencia las pautas de comercialización de los volúmenes de ese segmento (Artículo 39).
Es decir, la gran discusión sigue estando en la posibilidad de que las grandes agroexportadoras y fabricantes de biodiésel, que hoy tienen recortados la mayoría de los mercados externos, puedan participar en el mercado interno, algo que la ley vigente prohíbe. Las pymes que proveen a las petroleras no quieren aceptar esta modificación.
Por otro lado, también cambia el mecanismo de formación de precios: en lugar de precios máximos fijados por la autoridad de aplicación, regirían precios de referencia atados a la paridad de importación, con un mecanismo de intervención disponible si el valor de mercado supera ese techo (Artículo 16).
En la misma línea de acotar la discrecionalidad del Estado, el corte obligatorio solo podría modificarse ante situaciones excepcionales de tipo ambiental, social o económica, y siempre con el fin de garantizar el abastecimiento (Artículo 12).
El proyecto suma, además, cambios en el mecanismo de comercialización, para ampliar la oferta de organismos habilitados a operar el mercado electrónico e incorporar un sistema de subastas (Artículo 14), y una excepción puntual para el Combustible Sostenible de Aviación, pensada para no chocar con futuras normativas internacionales del sector aeronáutico (Artículo 22).
BIOCOMBUSTIBLES: OTRAS ALTERNATIVAS EN DEBATE
Por otro lado, Jorge Capitanich, destacó nuevamente los cinco temas clave del proyecto que propone con otros senadores: esquemas impositivos vía RIGI ampliado, bonos de crédito fiscal y créditos del Banco Nación.
En biodiésel, habló de un escalonamiento progresivo de cortes obligatorios en gasoil (del 7,5% inicial al 15% a los 24 meses) y la reserva de un cupo federal del 30% para Pymes no integradas. En bioetanol, proponen cortes obligatorios en naftas de forma gradual (12% inicial hasta llegar al 18% en 48 meses), con un 30% reservado a Pymes y cooperativas, priorizando un 50% de ese volumen para el norte grande.
La razón de ser de esa reserva “regional” tiene que ver con “un efecto multiplicador en términos de actividad económica y sostenibilidad ambiental”.
Además, mencionó la generación de incentivos a la radicación industrial para fomentar los subproductos de la producción de bioetanol a partir del maíz (DDGS y WDGS) y en los agregados de valor en origen para favorecer la “renta agraria y más inversión industrial”. Y mencionó otros ojes, como la pata financiera.
Por su parte, Carolina Moisés fue otra figura a favor del dictamen. Reconoció la apertura en el diálogo que desde el año pasado tuvieron funcionarios del gobierno con asociaciones y actores durante el trabajo legislativo, aunque le puso nombre y apellido a la negociación: “Acá el problema es con el biodiesel, no con el bioetanol”. Moisés no fue la única en plantear la posibilidad de desdoblar el tratamiento del biodiésel.
Ubicó a La Pampa, Santa Fe y Buenos Aires como las provincias principales por dónde queda atravesada esa cuestión. “Superamos todos los obstáculos, ¿y tenemos que esperar porque ‘biodiesel’ no se pone de acuerdo, por tres provincias en contra de 10?”, reclamó.
Los obstáculos a los que hizo alusión: el debate con el tratamiento del tema de la Patagonia en las provincias petroleras, la extracción de este fósil y los biocombustibles como mejoradores de las economías regionales.
Firme con su postura, propuso dos ejes para destrabar la conversación legislativa. Para el biodiésel, establecer un corte obligatorio del 11% en gasoil y autorizar a las empresas petroleras a autoabastecerse mediante co-procesamiento por hasta tres puntos porcentuales de su demanda de biocombustibles para la mezcla.
“De ese 11%, 3 puntos porcentuales pueden ser reservados para el abastecimiento de las pyMes del biodiesel” (esto, inspirado en la experiencia del “Biodiesel Social” de Brasil). Y sumó que ese 3% debe ser un piso de demanda y no un techo para las PyMes, apalancando ese eje con la articulación de las provincias. Estas “podrán desarrollar programas propios que permitan absorber los biocombustibles producidos en su territorio”.
Y opinó sobre la historia política reciente: “En 20 años perdimos un lugar geopolítico estratégico con respecto a Uruguay, Paraguay y Brasil”.
También reforzó la convergencia Mercosur a partir de esta Ley. “No nos alcanza con este porcentaje, pero entendemos que es el posible en términos de equilibrar los intereses en pugna”. Daniel Pablo Bensusán —senador por La Pampa— se mostró de acuerdo con esta idea.
“La de la semana que viene será una reunión determinante”, concluyó Bullrich. “A los intereses contrapuestos en algún momento les tenemos que dar un fin”, añadió. En esa línea, propuso que el corte obligatorio treparía al 10%, con la posibilidad de sumar hasta 5 puntos más vía coprocesamiento, lo que llevaría el uso efectivo al 15%
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